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Dr. Romel Ullilen Vega
Una de las principales actividades económicas que se desarrolla en nuestro país es la agricultura, fuente de subsistencia de muchos hogares, pero también de ingresos significativos al erario nacional, la exportación de productos agrícolas es cada vez mayor y todo orienta a pensar que va ir incrementando con la participación laboral tanto de hombres y de mujeres de cada vez mayor presencia.
La gran mayoría son pequeños o medianos agricultores y somos conscientes de lo exigente y agotador que es el trabajo en el campo, actividad que requiere la participación activa de diferentes partes del cuerpo, especialmente de miembros superiores, columna vertebral, zona lumbar, además de estar expuestos al frio, al calor, rayos ultravioletas, insecticidas, combustibles, agua de regadío, con escasos periodos de descanso, todo lo cual genera condiciones para que se pueda presentar accidentes y desarrollar enfermedades laborales de diferente naturaleza en el mediano y largo plazo. Debe tenerse en cuenta que la agricultura sigue siendo una de las actividades más riesgosas junto con la minería y la construcción.
Con frecuencia observamos a familiares, conocidos, pacientes en consultorios, hospitalizados, que desarrollan o desarrollaron actividades agrícolas y que padecen principalmente enfermedades osteoarticulares, enfermedades respiratorias crónicos, cáncer, depresión, entre otras males, la mayoría de ellos atendiéndose por su propia cuenta, con el antecedente de no haber recibido orientación, capacitación o no ser beneficiario de algún esquema preventivo o de indemnización de parte de su empleador o de alguna entidad del Estado.
Revisando las estadísticas nacionales, regionales o locales sobre accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, nos encontramos con cifras muy lejos de la realidad y que son el reflejo del predominio del trabajo informal. En nuestro país, 3 de cada 4 personas trabajan informalmente, llegando a ser más de 13 millones de peruanos que no tienen protección del Estado. Debe tenerse en cuenta que la informalidad rural es estructuralmente distinta a la urbano, pues ellos están, ancestralmente, sujetos al abuso por contar con una limitada protección legal. En el Perú estamos lejos de tener condiciones, dispositivos laborales y tributarias justas y equitativas, siendo un privilegio el tener una pensión digna, una jubilación justa o una salud de calidad.
Pero el problema no se relaciona solo con la informalidad, sino que es éste se hace más preocupante cuando vemos que en el mundo se viene produciendo muchos cambios en el aspecto laboral producto del exuberante desarrollo tecnológico, de los constantes cambios en la modalidad de empleo, de cambios organizativos y sociales, de la incesante e incontrolable migración, del debilitamiento de las organizaciones sindicales o representativas, mayor presencia de la fuerza laboral femenina, persistencia del trabajo infantil, entre otros fenómenos que se van presentando producto de la globalización, todo lo cual conduce a que se siga incremento significativamente los accidentes de trabajo, con modificación de la incidencia y prevalencia de las enfermedades profesionales. Generando un panorama poco alentador especialmente para nuestra juventud.
Debemos de tener en cuenta que las lesiones de trabajo y las enfermedades afecta seriamente la economía de las familias, desconociéndose en nuestro país a cuánto asciende el costo real en relación al Producto Bruto Interno-PBI por accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo. En otros países, se ha calculado sobre la base de un sistema de indemnización seleccionado, que la pérdida representa el 4% del Producto Bruto Interno-PBI, significando miles de millones de dólares que se pierden sin justificación alguna. El impacto económico financiero y económico sobre las empresas y el país es muy significativo. Razón por la cual debemos de luchar por desarrollar programas y leyes que fomenten el trabajo sin riesgo a nivel local, regional y nacional con la participación activa y responsable de trabajadores, empresarios y del Estado. Debemos de tomar conciencia y actuar decididamente para que el trabajo sin riesgo sea un real derecho humano fundamental.
Imagen de portada: Food Empowerment Project